El Plan General de Ordenación Urbana de Valencia de 1988 ("PGOU") delimitó el Sector de Suelo Urbanizable Programado PRR – 4 Benimaclet con el fin de promover su ejecución mediante un Plan de Actuación Integrada (el "PAI de Benimaclet").

Este PAI de Benimaclet se proyecta sobre 269.000 metros cuadrados de terreno que, en la actualidad, están destinados a aparcamientos improvisados por los vecinos del área (alrededor de 18.000 metros cuadrados) o huertos urbanos (aproximadamente 15.000 metros cuadrados), entre otros.

Tras la reclasificación de suelo rústico a urbanizable llevada a cabo por el PGOU en el año 1988, el Ayuntamiento de Valencia adjudicó en 1992 la condición de Agente Urbanizador del PAI de Benimaclet a una de las principales sociedades propietarias de los terrenos incluidos en el mismo en aquel momento.

Tras numerosos cambios en la estructura de la propiedad, el propietario mayoritario del área desde 2017 – propietario de alrededor de 40% de los terrenos del PAI de Benimaclet – presentó en 2018 un proyecto integral participativo para impulsar el desarrollo urbanístico del mismo.

El proyecto preveía destinar un 82% a usos públicos y el 18% restante a usos terciario y residencial – 49.478 m2 –. Se proyectaban unas 1.345 viviendas, de las cuales 404 estarían destinadas a viviendas de protección oficial.

Recientemente, el propietario mayoritario del sector ha conseguido apoyos que superan el 51% de la superficie del PAI de Benimaclet, lo que permite, de conformidad con la normativa autonómica, la constitución de una Agrupación de Interés Urbanístico y el otorgamiento, en su caso, de la condición de Agente Urbanizador para el desarrollo del sector.

La tramitación del proceso urbanístico para el otorgamiento de la condición de Agente Urbanizador coincide con la presentación en diciembre de 2019 de un informe elaborado por profesores de la Universidad de Valencia y de la Universidad Politécnica de Valencia relativo al coste que supondría la reclasificación de los terrenos del PAI de Benimaclet a suelo rústico.

Según las conclusiones de dicho informe, encargado por la asociación de vecinos y la plataforma 'Cuidem Benimaclet', la reclasificación del PAI de Benimaclet a suelo rústico conllevaría un coste para el Ayuntamiento en torno a 11,4 millones de euros, en concepto de indemnización a los propietarios expropiados para la construcción de la Ronda Norte, que cedieron gratuitamente a la Administración los suelos dotacionales, a cambio de una reserva de aprovechamiento en el PAI de Benimaclet.

A la luz de las conclusiones de dicho informe, las agrupaciones de vecinos de la zona han venido exigiendo al Ayuntamiento de Valencia la paralización del desarrollo urbanístico y su reclasificación a suelo rústico.

Ante esta situación, el Ayuntamiento deberá decidir si continúa la tramitación para el desarrollo urbanístico del PAI de Benimaclet, con la consiguiente constitución de la Agrupación de Interés Urbanístico y la adjudicación de Agente Urbanizador, o si, por el contrario, adopta las conclusiones del informe presentado en diciembre, lo que conllevaría la reclasificación a suelo rústico de los terrenos afectados por dicho PAI.

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